Evidente la pifia del Fiscalizador Superior del Estado de México
El Sol de Toluca
9 de octubre de 2007
Magdalena Santiago Martínez
Al considerar que quedó en entredicho la actuación del OSFEM con los
autos de libertad a favor de la ex presidenta del DIF y ex contralor
de Zinacantepec, acusados de peculado, Alejandro Flores se pronunció
porque se finquen responsabilidades a aquellos funcionarios que
ejercitaron indebidamente los canales de la autoridad y
posteriormente le resultaron adversos.
El presidente de la Barra de Abogados del Estado de México lamentó
que el Organo Superior de Fiscalización haya causado daño moral,
público y afectación a las personas que finalmente alcanzaron su
libertad, lo cual es una situación preocupante sobre todo porque nos
encontramos en un Estado de Derecho.
En razón de lo anterior, indicó, deja una estela de preocupación que
un órgano técnico como el Organo Superior de Fiscalización envíe
actuaciones o constancias que no tengan un sustento por lo menos
para que se dicte un auto de formal prisión, además aquí el hecho es
que hay un faltante de 91 millones de pesos durante la
administración municipal de Zinacantepec 2003-2006 y nadie sabe
dónde está ese dinero.
"En el caso de la señora Landy Villanueva -ex presidenta del DIF
municipal de Zinacantepec-, entiendo que el ex alcalde, Leonardo
Bravo, le asignó las funciones del manejo financiero al propio
tesorero. A la mejor esta evidencia no la tenía el OSFEM.
Aseveró que el trabajo del Organo Superior de Fiscalización debiera
haber atendido estos elementos, porque existe la posibilidad de
implementar los pliegos preventivos de responsabilidades.
Por lo anterior, "creo que se debe fincar responsabilidades a
aquellos funcionarios que ejercitaron de manera indebida los canales
de la autoridad y posteriormente le resultaron adversos, ello
pudiera ser en una búsqueda de equilibrio para que también se afinen
y se fortalezcan las acciones legales que se hacen en contra de los
ciudadanos y de los servidores públicos".
Aunado a lo anterior, apuntó, el OSFEM debe esforzarse por tener una
mayor participación técnica y cuando se dé conocimiento a la
autoridad de la procuración y administración de justicia sea porque
verdaderamente existan los elementos suficientes de prueba para que
se proceda legalmente.
"Desgraciadamente se está invirtiendo el principio de presunción de
inocencia. La presunción de inocencia es un principio
constitucional, pero aquí tal parece que se ha invertido, pues se
presume culpable hasta demostrar lo contrario".
Por todo lo anterior, comentó, ha quedado en entredicho la actuación
del Organo Superior de Fiscalización.(f)
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