Responsabilidad del Fiscalizador: Octavio Mena Alarcón

25 de febrero de 2010
Reporte completo:
http://www.diariopuntual.com.mx/?a=detalle&i=57148
Podría ser llamado a rendir cuentas ante el propio organismo que presidió por varios años y en el cual se intentó crear una imagen pública de recto, honesto y firme en sus decisiones; sin embargo, la realidad poco a poco sale al descubierto y está, hoy como nunca, ante la posibilidad de recibir en la cabeza la misma fuerza que alguna vez aplicó a varios políticos en desgracia, principalmente ex presidentes municipales.El ex titular del Órgano Superior de Fiscalización, dependencia de la Cámara de Diputados del estado de México, está sujeto a una interesante investigación sobre la actuación poco clara que tuvo en torno al caso del ex alcalde de Zinacantepec, Leonardo Bravo Hernández.Como se recordará, el priista Leonardo Bravo Hernández fue sujeto de investigación judicial luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), entonces dirigido por Octavio Mena Alarcón, encontró elementos suficientes para iniciarle juicio por presunto peculado del orden de 100 millones de pesos, por lo que fue detenida primero su esposa y luego él.Al final del día, el juicio se llevó a cabo con “medias pruebas” aportadas por el Osfem, como si desde el principio la intención fuera que se hiciera “media justicia”, a grado tal que el señor Bravo Hernández ya anda en la calle como si nada hubiera pasado y el daño patrimonial está totalmente hecho, totalmente consumado, obviamente en perjuicio del pueblo de Zinacantepec, que a la fecha y en varias décadas no podrá recuperar.Pero ese en realidad no es el fondo de la investigación actual en contra de Octavio Mena Alarcón, aunque debería, pero se trata de un asunto todavía más de fondo, pues resulta que el daño patrimonial; es decir, los 100 millones de pesos que desaparecieron del erario de Zinacantepec sí pudieron recuperarse, pero por el gusto del ex titular del Osfem simplemente eso no se hizo.Aquí hay que recordar un asunto del que poco se habla: el sistema de fianzas de los servidores públicos. De acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de México y municipios, todos los empleados de los gobiernos federal, estatal y municipales que por sus manos pasen recursos públicos deben contar con una fianza.Esa fianza se contrata al inicio de la gestión de esos servidores públicos, como si cualquiera fuera a contratar un seguro para su automóvil; es decir, se paga una cuota y se asegura a la persona por un monto “x” que se aplicará en caso de que este servidor público incurra en algún error o conducta que afecte el patrimonio público.Traducido al español, esto quiere decir que en caso de que el funcionario haga mal uso del dinero público que tiene bajo su responsabilidad, entonces la aseguradora o afianzadora entrará y pagará el monto de la póliza contratada. Las pólizas van de acuerdo a la responsabilidad pública, por lo que no es lo mismo la póliza para el presidente municipal o tesorero del ayuntamiento de Tonanitla que lo que cobran las pólizas de los titulares de esas áreas en Naucalpan, Tlalnepantla o Toluca, porque éstas son de acuerdo con el monto de recursos de que dispone el propio municipio y por lógica lo que maneja el funcionario público asegurado.Sin embargo, esto quiere decir que absolutamente todos los servidores públicos cuya responsabilidad les implica el manejo de recursos públicos cuentan con una póliza de garantía que les sirve como protección ante cualquier tipo de irregularidad. De modo tal, el entonces presidente municipal de Zinacantepec, Leonardo Bravo Hernández, así como su tesorero municipal, Daniel Mortera, contaban con esa fianza de seguridad que bien pudo cobrarse cuando se comprobó que hubo un manejo irregular de los recursos públicos en ese ayuntamiento.No obstante, como se sabe, ese dinero no se recuperó y, como dijo “Don Teofilito”, ni se recuperará. ¿Por qué? Pues simplemente porque la póliza nunca fue reclamada por el señor titular del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), Octavio Mena Alarcón. Así de simple, Zinacantepec no recuperó los 100 millones de pesos que se mal utilizaron en el trienio de Leonardo Bravo Hernández, porque el titular del órgano de fiscalización no quiso.Con tal conducta, Octavio Mena Alarcón es tan o más responsable del daño patrimonial al erario público de Zinacantepec como lo es Leonardo Bravo Hernández o su tesorero Daniel Mortera. Dicen por ahí que “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, por lo tanto el ex titular del Osfem es también presunto responsable de un grave daño patrimonial, como lo fue, de acuerdo con el juez, la administración que encabezó el priista Leonardo Bravo.La póliza estaba vigente, la fianza estaba lista para ser reclamada y con ello la posibilidad de recuperar más de tres cuartas partes de los 100 millones de pesos que presuntamente se desaparecieron de Zinacantepec, pero el señor Mena Alarcón simplemente no lo quiso reclamar, por lo tanto, no quiso devolver al pueblo de Zinacantepec lo que le habían robado.La pregunta lógica en este caso es ¿por qué no quiso Mena Alarcón reclamar la fianza correspondiente a Leonardo Bravo y al propio tesorero Daniel Mortera? En realidad nadie lo sabe, porque hacerlo no le costaba ningún trabajo, era simplemente mediar un oficio y hacer el reclamo correspondiente a la compañía afianzadora que era titular de la fianza en el caso de Zinacantepec.Pero no lo hizo. Algunos dicen que ya Mena Alarcón estaba más apurado en cubrirse a sí mismo la espalda y poder lograr una salida digna a su gestión al frente del Osfem, que en solucionar un grave problema en Zinacantepec como lo fue el daño patrimonial causado por la administración de Leonardo Bravo.Hay que recordar que sobre el ex titular del Osfem pesan varias acusaciones relacionadas con los negocios encubiertos que Mena Alarcón tejió en torno a su cargo en el Osfem; sin embargo, ese es un asunto que difícilmente se comprobará, porque hasta el momento se desvinculó “mágicamente” de todos los “asesores” que tenía insertados en las nóminas municipales para “ayudar” a los munícipes a que las cuentas les salieran bien.Pero este asunto de la fianza de Zinacantepec es un hecho absolutamente comprobable, ahí está la póliza, se puede constatar la vigencia de la misma, se puede observar que estaba en curso la posibilidad de reclamar el dinero de la fianza, que se podía devolver a Zinacantepec lo que le robaron los malos servidores públicos, con lo que se puede comprobar que simplemente esto no se hizo porque Octavio Mena no quiso hacerlo.Con ello, en caso de comprobarse, lo cual es absolutamente viable, es posible aplicar la Ley de Responsabilidades a quien por muchos años fue el “responsable” de aplicarla, lo que sin lugar a dudas comprobará, una vez más, que el que a hierro mata a hierro muere.¿Si o no?