Nota Completa:
http://diarioalmomento.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1258
La impunidad y tráfico de influencias ante el órgano de fiscalización del poder legislativo del Edomex.
Texcoco se sigue con el mismo sistema de gobernar que tenía el PRI, ya que la actual administración ha convertido en un
verdadero negocio de obras públicas y concesiones.
Entre el 50 y 60% de todas las obras publicas que se “licitan” quedan en manos de una sola constructora,
la cual el dueño es Carlos San Nicolás Miranda “El Peke”, quien por “casualidad” es primo
hermano del ex presidente Municipal de Texcoco, actual Diputado Plurinominal del periodo 2006-2009 Higinio Martínez
Miranda. , a la falta de respuesta de la petición del ciudadano Marco Antonio Juárez Ríos, ante el órgano de fiscalización
del poder legislativo del Edo-Méx , en fecha 22 de mayo del 2006, hasta la fecha se encuentra la petición en archivo, por
el auditor superior de este organote fiscalización “Octavio MENA Alarcón”, violando la ley de transparencia y
incurriendo en responsabilidad ala falta de respuesta a la petición realizada por el ciudadano Marco Antonio Juárez.
Con lo dispuesto a la petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la
obligación de hacerlo conocer en breve termino; a la fecha de petición del peticionario, siendo de interés publico,
violentando las leyes de transparencia, de responsabilidad de los funcionarios públicos, Penal y la constitución federal y
Estatal.
La actitud tomada por Octavio MENA Alarcón, en encubrir “secreto de Estado” los posibles delitos del ex
alcalde, de mal versión de recursos Públicos y la posible negociación de la feria del Caballo, a empresario texcocano, con
la aportación de recursos económicos
La burocracia Institucional del funcionario Público, Octavio Mena Alarcón, dé servir a la corrupción e impunidad de los
supuestos ilícitos cometidos del Ex alcalde y actual diputado Higinio Martínez Miranda, como secreto de Estado, la
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violación de la autonomía de dicha ley, y la violación de ley de transparencia como instrumento de control político y de
negociación del poder invisible, que causa más burocracia.
La constructora que representa la mayor cantidad de obra en el Municipio por Construcciones y Servicios Vázquez,
está a cargo del yerno de Agustín Miranda Meneses, quien es tío de Higinio Martínez Miranda; “ LA Construcción
por concesión a la glorieta del barrio de San Pedro” y en menor cantidad de obras son otorgadas a constructoras
como Infra Urbana y Siglo Veintiuno, que están en desventaja con respecto a las dos anteriores que siempre ganan las
adjudicaciones de las obras. Así como obras realizadas en los municipios Gobernados por los amarrillos, en Acolman,
San Vicente Chicoloapan y los municipios de jurisdicción política-económica del PRD.
Obras realizadas en la comunidad de Cuatlinchan, fue construida con material de pésima calidad cayéndose con una
ráfaga de viento, el frontón construido por esta constructora, (valga la redundancia), el compromiso de las dos últimas
administraciones fue con ellos y respaldado por el Congreso local por el incondicional de Higinio Martínez, actual
diputado local por el DTTO XXIII de Texcoco, desde 1994 ala fecha ha sido gobernado por el PRD
Las ultimas acciones del poder municipal 2006 ,es la autorización y concesión de los parquímetros en el centro de a ciudad
de Texcoco, inmersa de ambulantaje e inseguridad ,con robo a los comercios y el congestionamiento del transporte de
Taxis, camiones ,permisos otorgados en acuerdo con el municipio y transporte terrestre del Estado de México.
El peligro del colapso social empieza con el escepticismo y la indiferencia ante la política., la marea social contra la
ingobernabilidad y la acumulación de los agravios sociales, “temores, esperanza, incertidumbre,” de la
actitud de los actores políticos en acuerdos copulares de no aplicar el Estado de Derecho.
La avanzada de la candidatura”2009” del exsecrertario de gobierno Ing. Manuel Cadena Morales ”
CANDIDATO UNICO “,Texcocano, su identidad ,vinculado con la industria de la construcciones fue elemento
para cerrar Sosa Texcoco, como proyecto de avanzada del centro comercial en Ecatepec, miles de obreros se quedaron
sin trabajo 1994-1996, su padrino político don Fidel Velázquez ,el que lo pone en puestos administrativos públicos
,fertimex, albamex todos son vendidos por la tolerancia de la CTM, así como senador entra por coyuntura a la muerte de
Luis Donaldo Colosio, los lazos con leavano Sáenz secretario particular de Ernesto Zedillo ,así como secretario de
gobierno el responsable del proyecto aeropuerto abortado ,la relación con la escuela de CHapingo y sus reacomodos en
sedagro ,su compadre el líder de antorcha popular , la compra del rancho ,que no son 5 hectáreas son mas ,los
asentamientos tolerados por el mismo gobierno del estado de mexico, en San Vicente Chicoloapan ,los Reyes La Paz,
Chimalhuacán, Texcoco, esta es la historia de la zona oriente lugar dormitorio ,sin un plan regional de inversión publica y
privada .
gana dinero con internet
jueves, 4 de marzo de 2010
miércoles, 3 de marzo de 2010
El “aviador” de Mena Alarcón
Nota completa:
http://impreso.milenio.com/node/8682183
...Para nadie es un secreto de que Pedro Mena Alarcón cobraba como “aviador” en la administración del ex presidente municipal panista de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez con la módica cantidad de 50 mil pesos mensuales. Mena Alarcón, actualmente funge como director general de Tesorería y Administración en la misma presidencia municipal de la capital del estado a recomendación de su “madrina” Martha Hilda González.
Desde su llegada a dicho cargo otros “aviadores” y trabajadores panistas confiaron en que él iba a ser su manto protector, pero el tiro les salió por la culata ya que él teniendo en su poder quiénes eran, de inmediato los empezó a correr con tal de que no divulguen sus antecedentes. Lo que nos queda claro es que Mena Alarcón aplica la política del avestruz ¿Confiará María Elena Barrera Tapia en el cinismo de su colaborador?...
http://impreso.milenio.com/node/8682183
...Para nadie es un secreto de que Pedro Mena Alarcón cobraba como “aviador” en la administración del ex presidente municipal panista de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez con la módica cantidad de 50 mil pesos mensuales. Mena Alarcón, actualmente funge como director general de Tesorería y Administración en la misma presidencia municipal de la capital del estado a recomendación de su “madrina” Martha Hilda González.
Desde su llegada a dicho cargo otros “aviadores” y trabajadores panistas confiaron en que él iba a ser su manto protector, pero el tiro les salió por la culata ya que él teniendo en su poder quiénes eran, de inmediato los empezó a correr con tal de que no divulguen sus antecedentes. Lo que nos queda claro es que Mena Alarcón aplica la política del avestruz ¿Confiará María Elena Barrera Tapia en el cinismo de su colaborador?...
lunes, 1 de marzo de 2010
Responsabilidad del Fiscalizador: Octavio Mena Alarcón
25 de febrero de 2010
Reporte completo:
http://www.diariopuntual.com.mx/?a=detalle&i=57148
Podría ser llamado a rendir cuentas ante el propio organismo que presidió por varios años y en el cual se intentó crear una imagen pública de recto, honesto y firme en sus decisiones; sin embargo, la realidad poco a poco sale al descubierto y está, hoy como nunca, ante la posibilidad de recibir en la cabeza la misma fuerza que alguna vez aplicó a varios políticos en desgracia, principalmente ex presidentes municipales.El ex titular del Órgano Superior de Fiscalización, dependencia de la Cámara de Diputados del estado de México, está sujeto a una interesante investigación sobre la actuación poco clara que tuvo en torno al caso del ex alcalde de Zinacantepec, Leonardo Bravo Hernández.Como se recordará, el priista Leonardo Bravo Hernández fue sujeto de investigación judicial luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), entonces dirigido por Octavio Mena Alarcón, encontró elementos suficientes para iniciarle juicio por presunto peculado del orden de 100 millones de pesos, por lo que fue detenida primero su esposa y luego él.Al final del día, el juicio se llevó a cabo con “medias pruebas” aportadas por el Osfem, como si desde el principio la intención fuera que se hiciera “media justicia”, a grado tal que el señor Bravo Hernández ya anda en la calle como si nada hubiera pasado y el daño patrimonial está totalmente hecho, totalmente consumado, obviamente en perjuicio del pueblo de Zinacantepec, que a la fecha y en varias décadas no podrá recuperar.Pero ese en realidad no es el fondo de la investigación actual en contra de Octavio Mena Alarcón, aunque debería, pero se trata de un asunto todavía más de fondo, pues resulta que el daño patrimonial; es decir, los 100 millones de pesos que desaparecieron del erario de Zinacantepec sí pudieron recuperarse, pero por el gusto del ex titular del Osfem simplemente eso no se hizo.Aquí hay que recordar un asunto del que poco se habla: el sistema de fianzas de los servidores públicos. De acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de México y municipios, todos los empleados de los gobiernos federal, estatal y municipales que por sus manos pasen recursos públicos deben contar con una fianza.Esa fianza se contrata al inicio de la gestión de esos servidores públicos, como si cualquiera fuera a contratar un seguro para su automóvil; es decir, se paga una cuota y se asegura a la persona por un monto “x” que se aplicará en caso de que este servidor público incurra en algún error o conducta que afecte el patrimonio público.Traducido al español, esto quiere decir que en caso de que el funcionario haga mal uso del dinero público que tiene bajo su responsabilidad, entonces la aseguradora o afianzadora entrará y pagará el monto de la póliza contratada. Las pólizas van de acuerdo a la responsabilidad pública, por lo que no es lo mismo la póliza para el presidente municipal o tesorero del ayuntamiento de Tonanitla que lo que cobran las pólizas de los titulares de esas áreas en Naucalpan, Tlalnepantla o Toluca, porque éstas son de acuerdo con el monto de recursos de que dispone el propio municipio y por lógica lo que maneja el funcionario público asegurado.Sin embargo, esto quiere decir que absolutamente todos los servidores públicos cuya responsabilidad les implica el manejo de recursos públicos cuentan con una póliza de garantía que les sirve como protección ante cualquier tipo de irregularidad. De modo tal, el entonces presidente municipal de Zinacantepec, Leonardo Bravo Hernández, así como su tesorero municipal, Daniel Mortera, contaban con esa fianza de seguridad que bien pudo cobrarse cuando se comprobó que hubo un manejo irregular de los recursos públicos en ese ayuntamiento.No obstante, como se sabe, ese dinero no se recuperó y, como dijo “Don Teofilito”, ni se recuperará. ¿Por qué? Pues simplemente porque la póliza nunca fue reclamada por el señor titular del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), Octavio Mena Alarcón. Así de simple, Zinacantepec no recuperó los 100 millones de pesos que se mal utilizaron en el trienio de Leonardo Bravo Hernández, porque el titular del órgano de fiscalización no quiso.Con tal conducta, Octavio Mena Alarcón es tan o más responsable del daño patrimonial al erario público de Zinacantepec como lo es Leonardo Bravo Hernández o su tesorero Daniel Mortera. Dicen por ahí que “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, por lo tanto el ex titular del Osfem es también presunto responsable de un grave daño patrimonial, como lo fue, de acuerdo con el juez, la administración que encabezó el priista Leonardo Bravo.La póliza estaba vigente, la fianza estaba lista para ser reclamada y con ello la posibilidad de recuperar más de tres cuartas partes de los 100 millones de pesos que presuntamente se desaparecieron de Zinacantepec, pero el señor Mena Alarcón simplemente no lo quiso reclamar, por lo tanto, no quiso devolver al pueblo de Zinacantepec lo que le habían robado.La pregunta lógica en este caso es ¿por qué no quiso Mena Alarcón reclamar la fianza correspondiente a Leonardo Bravo y al propio tesorero Daniel Mortera? En realidad nadie lo sabe, porque hacerlo no le costaba ningún trabajo, era simplemente mediar un oficio y hacer el reclamo correspondiente a la compañía afianzadora que era titular de la fianza en el caso de Zinacantepec.Pero no lo hizo. Algunos dicen que ya Mena Alarcón estaba más apurado en cubrirse a sí mismo la espalda y poder lograr una salida digna a su gestión al frente del Osfem, que en solucionar un grave problema en Zinacantepec como lo fue el daño patrimonial causado por la administración de Leonardo Bravo.Hay que recordar que sobre el ex titular del Osfem pesan varias acusaciones relacionadas con los negocios encubiertos que Mena Alarcón tejió en torno a su cargo en el Osfem; sin embargo, ese es un asunto que difícilmente se comprobará, porque hasta el momento se desvinculó “mágicamente” de todos los “asesores” que tenía insertados en las nóminas municipales para “ayudar” a los munícipes a que las cuentas les salieran bien.Pero este asunto de la fianza de Zinacantepec es un hecho absolutamente comprobable, ahí está la póliza, se puede constatar la vigencia de la misma, se puede observar que estaba en curso la posibilidad de reclamar el dinero de la fianza, que se podía devolver a Zinacantepec lo que le robaron los malos servidores públicos, con lo que se puede comprobar que simplemente esto no se hizo porque Octavio Mena no quiso hacerlo.Con ello, en caso de comprobarse, lo cual es absolutamente viable, es posible aplicar la Ley de Responsabilidades a quien por muchos años fue el “responsable” de aplicarla, lo que sin lugar a dudas comprobará, una vez más, que el que a hierro mata a hierro muere.¿Si o no?
Reporte completo:
http://www.diariopuntual.com.mx/?a=detalle&i=57148
Podría ser llamado a rendir cuentas ante el propio organismo que presidió por varios años y en el cual se intentó crear una imagen pública de recto, honesto y firme en sus decisiones; sin embargo, la realidad poco a poco sale al descubierto y está, hoy como nunca, ante la posibilidad de recibir en la cabeza la misma fuerza que alguna vez aplicó a varios políticos en desgracia, principalmente ex presidentes municipales.El ex titular del Órgano Superior de Fiscalización, dependencia de la Cámara de Diputados del estado de México, está sujeto a una interesante investigación sobre la actuación poco clara que tuvo en torno al caso del ex alcalde de Zinacantepec, Leonardo Bravo Hernández.Como se recordará, el priista Leonardo Bravo Hernández fue sujeto de investigación judicial luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), entonces dirigido por Octavio Mena Alarcón, encontró elementos suficientes para iniciarle juicio por presunto peculado del orden de 100 millones de pesos, por lo que fue detenida primero su esposa y luego él.Al final del día, el juicio se llevó a cabo con “medias pruebas” aportadas por el Osfem, como si desde el principio la intención fuera que se hiciera “media justicia”, a grado tal que el señor Bravo Hernández ya anda en la calle como si nada hubiera pasado y el daño patrimonial está totalmente hecho, totalmente consumado, obviamente en perjuicio del pueblo de Zinacantepec, que a la fecha y en varias décadas no podrá recuperar.Pero ese en realidad no es el fondo de la investigación actual en contra de Octavio Mena Alarcón, aunque debería, pero se trata de un asunto todavía más de fondo, pues resulta que el daño patrimonial; es decir, los 100 millones de pesos que desaparecieron del erario de Zinacantepec sí pudieron recuperarse, pero por el gusto del ex titular del Osfem simplemente eso no se hizo.Aquí hay que recordar un asunto del que poco se habla: el sistema de fianzas de los servidores públicos. De acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de México y municipios, todos los empleados de los gobiernos federal, estatal y municipales que por sus manos pasen recursos públicos deben contar con una fianza.Esa fianza se contrata al inicio de la gestión de esos servidores públicos, como si cualquiera fuera a contratar un seguro para su automóvil; es decir, se paga una cuota y se asegura a la persona por un monto “x” que se aplicará en caso de que este servidor público incurra en algún error o conducta que afecte el patrimonio público.Traducido al español, esto quiere decir que en caso de que el funcionario haga mal uso del dinero público que tiene bajo su responsabilidad, entonces la aseguradora o afianzadora entrará y pagará el monto de la póliza contratada. Las pólizas van de acuerdo a la responsabilidad pública, por lo que no es lo mismo la póliza para el presidente municipal o tesorero del ayuntamiento de Tonanitla que lo que cobran las pólizas de los titulares de esas áreas en Naucalpan, Tlalnepantla o Toluca, porque éstas son de acuerdo con el monto de recursos de que dispone el propio municipio y por lógica lo que maneja el funcionario público asegurado.Sin embargo, esto quiere decir que absolutamente todos los servidores públicos cuya responsabilidad les implica el manejo de recursos públicos cuentan con una póliza de garantía que les sirve como protección ante cualquier tipo de irregularidad. De modo tal, el entonces presidente municipal de Zinacantepec, Leonardo Bravo Hernández, así como su tesorero municipal, Daniel Mortera, contaban con esa fianza de seguridad que bien pudo cobrarse cuando se comprobó que hubo un manejo irregular de los recursos públicos en ese ayuntamiento.No obstante, como se sabe, ese dinero no se recuperó y, como dijo “Don Teofilito”, ni se recuperará. ¿Por qué? Pues simplemente porque la póliza nunca fue reclamada por el señor titular del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), Octavio Mena Alarcón. Así de simple, Zinacantepec no recuperó los 100 millones de pesos que se mal utilizaron en el trienio de Leonardo Bravo Hernández, porque el titular del órgano de fiscalización no quiso.Con tal conducta, Octavio Mena Alarcón es tan o más responsable del daño patrimonial al erario público de Zinacantepec como lo es Leonardo Bravo Hernández o su tesorero Daniel Mortera. Dicen por ahí que “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, por lo tanto el ex titular del Osfem es también presunto responsable de un grave daño patrimonial, como lo fue, de acuerdo con el juez, la administración que encabezó el priista Leonardo Bravo.La póliza estaba vigente, la fianza estaba lista para ser reclamada y con ello la posibilidad de recuperar más de tres cuartas partes de los 100 millones de pesos que presuntamente se desaparecieron de Zinacantepec, pero el señor Mena Alarcón simplemente no lo quiso reclamar, por lo tanto, no quiso devolver al pueblo de Zinacantepec lo que le habían robado.La pregunta lógica en este caso es ¿por qué no quiso Mena Alarcón reclamar la fianza correspondiente a Leonardo Bravo y al propio tesorero Daniel Mortera? En realidad nadie lo sabe, porque hacerlo no le costaba ningún trabajo, era simplemente mediar un oficio y hacer el reclamo correspondiente a la compañía afianzadora que era titular de la fianza en el caso de Zinacantepec.Pero no lo hizo. Algunos dicen que ya Mena Alarcón estaba más apurado en cubrirse a sí mismo la espalda y poder lograr una salida digna a su gestión al frente del Osfem, que en solucionar un grave problema en Zinacantepec como lo fue el daño patrimonial causado por la administración de Leonardo Bravo.Hay que recordar que sobre el ex titular del Osfem pesan varias acusaciones relacionadas con los negocios encubiertos que Mena Alarcón tejió en torno a su cargo en el Osfem; sin embargo, ese es un asunto que difícilmente se comprobará, porque hasta el momento se desvinculó “mágicamente” de todos los “asesores” que tenía insertados en las nóminas municipales para “ayudar” a los munícipes a que las cuentas les salieran bien.Pero este asunto de la fianza de Zinacantepec es un hecho absolutamente comprobable, ahí está la póliza, se puede constatar la vigencia de la misma, se puede observar que estaba en curso la posibilidad de reclamar el dinero de la fianza, que se podía devolver a Zinacantepec lo que le robaron los malos servidores públicos, con lo que se puede comprobar que simplemente esto no se hizo porque Octavio Mena no quiso hacerlo.Con ello, en caso de comprobarse, lo cual es absolutamente viable, es posible aplicar la Ley de Responsabilidades a quien por muchos años fue el “responsable” de aplicarla, lo que sin lugar a dudas comprobará, una vez más, que el que a hierro mata a hierro muere.¿Si o no?
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